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El Estado panameño es llevado nuevamente al banquillo de los acusados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta vez -y con sobradas razones para ello- el proceso lo impulsa la exfiscal general Ana Matilde Gómez, condenada por la Corte Suprema de Justicia el 12 de agosto de 2012, tras una denuncia interpuesta por un exfiscal investigado por presunta corrupción. La Corte Suprema cerró los ojos ante un proceso abiertamente político, en el que el gobierno de turno no pretendía otra cosa que secuestrar el despacho para hacer lo que quisiera, sin ninguna consecuencia, salvo la impunidad. El de Gómez fue un juicio amarillo, instaurado por lo que fue perfilado como un tirano, y cuyas consecuencias tendremos que pagar hoy todos los panameños, porque lo que se hizo con el primero fue un acto cobarde e ilegal. Tras su partida, se sucedieron los escándalos de todo tipo, ignorados por la camarilla de títeres que se hacían llamar abogados. Y hoy, una vez más, nos enfrentamos a escenarios más sutiles, pero con la certeza evidente de que lo que ha hecho la actual dirección de la Policía Nacional contra la Institucionalidad del Ministerio Público persigue los mismos fines.- LA PRENSA, 23 de julio

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